Todavía está firme, a pesar de que el gobierno, frente a las fuertes críticas, anunció su decisión de dar marcha atrás. De lo contrario, en muy poco tiempo más habrá que pensar dos veces antes de hablar por teléfono, consultar un sitio en Internet o enviar un email, porque el Gran Hermano va a escuchar, leer y grabar todo. Lo que hasta hace unos años parecía una exageración paranoica o la fantasía de un escritor de ciencia-ficción se iba a hacer realidad el 31 de julio próximo, día en el que vencía el plazo para que las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones instalen la tecnología necesaria para grabar todos los mensajes que circularan por territorio argentino y almacenarlos por diez años. Así por lo menos lo dispone la Ley 25.873, sancionada en diciembre de 2003, que modifica la Ley Nacional de Telecomunicaciones y que un decreto del presidente Néstor Kirchner reglamentó en noviembre del año pasado, y que, ahora quedaría en suspenso.
Esta medida, aprobada en medio de las discusiones por la inseguridad y el endurecimiento de las penas, curiosamente no tuvo demasiada repercusión pública. Acción fue uno de los pocos medios que alertó sobre lo inminente de su puesta en práctica (ver Nº 927) y hasta los mismos legisladores nacionales, que en su momento la votaron, parecen sorprenderse de su existencia.
En la Argentina las pinchaduras telefónicas no son una novedad y existe una larga y triste historia de personas que siempre creyeron que seguridad era sinónimo de falta de libertad. Pero lo que sí es nuevo es que violar el derecho a la intimidad sea una acción legal. La norma está en sintonía con las leyes de seguridad de los Estados Unidos y su ejemplo más claro es la llamada Ley Patriótica, una respuesta desesperada de la sociedad norteamericana sancionada a solo 45 días del atentado a las Torres Gemelas. Esta ley permite al FBI y a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) grabar conversaciones telefónicas, controlar los servidores de Internet y revisar correos electrónicos sin necesidad de intervención judicial.

Efecto retardado
Ariel Garbarz es ingeniero electrónico y especialista en telecomunicaciones y participó como perito en varias causas que involucraron a la Secretaría de Inteligencia del Estado por irregularidades en materia de pinchaduras telefónicas. Según Garbarz "la SIDE hace tiempo que posee equipos capaces de capturar y demodular conversaciones telefónicas, fax o email. Los equipos los registran y después lo separan en distintas carpetas según tipo y origen". La novedad es que a partir de la vigencia de esta nueva ley serán las mismas empresas de telecomunicaciones las que deban registrar todo y ponerlo a disposición de la justicia o de la misma Secretaría de Inteligencia.
En el ámbito parlamentario sostienen que el proyecto fue aprobado gracias a que muchos legisladores desconocían el contenido real de la norma ya que tanto José María Díaz Bancalari, como Miguel Angel Pichetto –que fueron quienes presentaron el proyecto en Diputados y Senadores respectivamente–, lo hicieron bajo el título de una ley que mejoraba las condiciones para que las empresas de telefonía móvil posibilitaran las escuchas si éstas eran requeridas. Nada más. Pero el proyecto, modificado por la Comisión de Telecomunicaciones de la Cámara Baja, extendió su alcance a todo tipo de telecomunicaciones y creó lo que en el texto de la ley se denomina "registro de tráfico", que obliga a almacenar todos los mensajes.
El abogado Ariel Caplan, asesor del diputado Héctor Polino, sostiene que esta ley es inconstitucional: "En su artículo 19 la Carta Magna dice que las acciones privadas de los hombres, que no ofendan la moral pública, están fuera de la esfera de la ley y de los magistrados. Dejándolos solo bajo la órbita de Dios". "Además –agrega– la ley exige que, ante un caso en el que deba intervenirse la vida privada de una persona, se justifique el porqué, el cómo y el cuándo se hará esta intervención. En este caso no solo esto no se cumple, sino que se universaliza invadiendo la intimidad. Excede las facultades que una sociedad democrática debiera tener y deja latente el huevo de la serpiente".
A esta altura cabría preguntarse si en los últimos años cambió algo en la Argentina como para pensar que la vida privada de los argentinos estará más resguardada en manos de la Side que en la de los mismos ciudadanos.
Aunque con cierto efecto retardado, algunos bloques parlamentarios están trabajando en un proyecto de derogación tanto de la Ley como del Decreto. Si es cierto que los legisladores votaron esta norma sin conocer su contenido real, su derogación sería una buena oportunidad para reivindicarse.
Pero el tiempo corre, inexorable, en cuenta regresiva y solo faltan tres meses para que esta ley comience a transformarse en una realidad.
Si esto ocurre, a partir de julio quizás sea más saludable dejar la tecnología de lado, guardar el hermoso celular que saca fotos y reproduce mp3 y salir a pasear por el barrio. Como en los viejos tiempos.

Luis Pablo Giniger
Foto: Jorge Aloy